jue 22 oct 2026
La Revolución Ciudadana cuestionó la detención de Luisa González el 22 de octubre y exigió información sobre su ubicación y acceso a su defensa.
Luisa González junto a Rafael Correa, Revolución Ciudadana.
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Revolución Ciudadana.
La Revolución Ciudadana difundió un pronunciamiento el jueves 22 de octubre de 2026, tras la detención de Luisa González en Manabí. El movimiento denunció lo que califica como una detención arbitraria y exigió a las autoridades informar dónde se encuentra la excandidata presidencial y garantizar el acceso de sus abogados.
En el documento, la organización política también rechazó el procedimiento judicial y cuestionó las circunstancias de la aprehensión. Su postura se suma a las reacciones políticas a la captura de González, que se conocieron durante la jornada.
En el comunicado, el movimiento aseguró que las autoridades no han transparentado el lugar exacto en el que permanece retenida González ni han permitido el acceso de su defensa técnica. La organización sostiene que estas circunstancias vulneran las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales de la dirigente.
Revolución Ciudadana responsabilizó al Gobierno Nacional y a las instituciones del orden por la integridad física y psicológica de la excandidata presidencial.
La organización también pidió al Estado ecuatoriano que informe de inmediato sobre la ubicación de González y garantice el acceso de sus abogados defensores y veedores de derechos humanos. El movimiento planteó estas exigencias como parte de su respuesta pública a la detención.
Otro de los puntos centrales del documento es el cuestionamiento al proceso penal relacionado con un presunto caso de lavado de activos. Revolución Ciudadana afirmó que la causa se habría tramitado de forma acelerada y relacionó la investigación con una supuesta persecución política.
El movimiento sostuvo que el procedimiento estaría relacionado con observaciones sobre la cuantía electoral de la campaña presidencial de 2023, por un monto de 6.100 dólares. Según su versión, la investigación penal busca convertir una supuesta discrepancia administrativa en un caso contra la oposición política.
El movimiento informó que activó medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que notificó a organismos internacionales sobre lo que considera un deterioro de las garantías democráticas en Ecuador. Además, convocó a la ciudadanía y a los medios de comunicación independientes a vigilar el desarrollo del proceso de forma pacífica y permanente. La organización pidió que se supervise el caso y que se garantice el respeto de los derechos de González durante las actuaciones judiciales.
El comunicado concluye con una exigencia de garantías constitucionales y la libertad inmediata de la excandidata presidencial. Mientras tanto, la investigación por presunto lavado de activos deberá esclarecer los hechos que motivaron el procedimiento y las responsabilidades que correspondan, conforme avance el proceso judicial.
