viernes 20 de noviembre de 2026
Prevaricato

Tres exjueces de Los Ríos son procesados por disponer presuntos pagos ilegales a extrabajadores de CNEL

La Corte Constitucional dejó sin efecto lo actuado en el proceso por los exjueces. Dispuso a CNEL-EP la recuperación de valores entregados a los extrabajadores

En pocas palabras

  • Exjueces procesados: Tres exjueces de Los Ríos son procesados por conceder una acción de protección que dispuso presuntos pagos ilegales a extrabajadores de CNEL EP.
  • Acusación fiscal: Con la acción de protección habrían concedido beneficios económicos indebidos, perjudicando al Estado ecuatoriano en $79 millones.
  • Resolución judicial: Se dictó prisión para dos de los exjueces y arresto domiciliario para uno porque tiene más de 65 años. La instrucción fiscal durará 90 días.
Resumen generado por Thinkindot AI

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNE) Felipe Córdova dictó, este viernes 13 de noviembre de 2026, la prisión de tres exjueces investigados por el presunto delito de prevaricato en una acción de protección concedida a extrabajadores de CNEL-EP. La resolución se dio al final de la audiencia de formulación de cargos.

¿Quiénes son los tres exjueces?

Se trata de Ángel Tapia (detenido y sentenciado por presunto tráfico de influencias), Jorge Euvín Villacrés (para quien dispuso arresto domiciliario por ser mayor de 65 años) y Joseph Mendieta a quien ordenó que la Policía lo ubique y capture. El fiscal encargado Leonardo Alarcón expuso los elementos de convicción para sustentar su pedido de prisión preventiva y arresto domiciliario.

¿Cuál es la acusación contra los exjueces de Los Ríos?

La Fiscalía indicó al juez Felipe Córdova que los exjueces habrían fallado en favor de una acción de protección en la que se otorgó beneficios económicos a un grupo de funcionarios de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). La decisión fue revertida por la Corte Constitucional, señalando que se desnaturalizó el objetivo de esa garantía.

Para sustentar su resolución, el juez recogió varios de los elementos expuestos por el fiscal. Citó, por ejemplo, que el exjuez de la Unidad Judicial de Pueblo Viejo, de Los Ríos, Ángel Tapia, habría concedido acción de protección presentada por unos trabajadores en contra de CNEL-EP. La Fiscalía identificó que los jueces que resolvieron en apelación fueron Jorge Euvín Villacrés y Joseph Mendieta de la Corte de Justicia de Los Ríos, quienes habrían concedido un derecho a determinados trabajadores. Para el juez, la imputación estuvo clara.

Los jueces habrían dispuesto pagos prohibidos por ley

La sospecha es que los procesados habrían desnaturalizado las competencias de las garantías constitucionales. El indicio citado es que habría existido un cambio de régimen laboral no por ley sino por sentencia emitida en el ámbito jurisdiccional. Se concluyó que habrían existido montos indebidamente pagados que perjudicaron las rentas del Estado. La conclusión fue que los exjueces habrían fallado en contra de norma expresa. La parte accionada fue CNEL y el perjuicio ascendería a 79 millones de dólares, con congelación de cuentas y una orden de pago de 19 millones de dólares. Ese sería el presunto perjuicio al Estado.

Otro de los aspectos mencionados por el juez fue que el hecho no habría ocurrido en el cantón de los accionantes, sino que tenían domicilio en otro sector. Las defensas expusieron que una orden de prisión podría ser un castigo anticipado, que sus defendidos actuaron con base en la sana crítica y que no hay riesgo de fuga. Pero el juez consideró que la congelación de cuentas por 19 millones y el pago de 79 millones de dólares a los extrabajadores representa un perjuicio grave para el Estado. Porque los fondos que se mandó a pagar no estaban reconocidos en la ley y cambian el régimen laboral mediante una sentencia que no estaba en la Ley.

El juez dispuso oficiar a la Policía para la búsqueda y localización de Mendieta y la verificación del arresto domiciliario de Euvín. Además, ordenó que se oficie al Ministerio del Interior para informar si hay grilletes disponibles para su colocación. En cuanto a las medidas reales, dispuso la retención de cuentas por hasta 5.000 dólares. Los defensores de los procesados apelaron la prisión dictada. La instrucción fiscal durará 90 días.

La Corte Constitucional cuestionó la actuación de los exjueces

La Corte Constitucional declaró la vulneración de la seguridad jurídica, por cuanto los jueces accionados desnaturalizaron la acción de protección al desconocer su objeto y utilizarla como un mecanismo para declarar derechos laborales colectivos. La Corte Constitucional verificó que los trabajadores, "si bien alegaron la presunta vulneración a derechos constitucionales, pretendían beneficiarse de lo establecido en el contrato colectivo que solo favorecería a quienes son obreros sujetos al Código del Trabajo si bien alegaron la presunta vulneración a derechos constitucionales, pretendían beneficiarse de lo establecido en el contrato colectivo que solo favorecería a quienes son obreros sujetos al Código del Trabajo

". Señaló que lo solicitado fue la declaración de derechos laborales colectivos a favor de servidores públicos administrativos sujetos a la LOEP, buscando que se les otorgue otro régimen al previsto expresamente en la ley, cuestión que, al ser ajena al objeto de la acción, resultaba en una manifiesta improcedencia.

¿Cuántos se beneficiaron del presunto pago ilegal?

El CNEL-EP fue obligado a pagar una reparación económica que ascendió a más de 79 millones de dólares. La Corte señaló que, durante la fase de ejecución, se modularon los efectos de las sentencias disponiendo el cambio de régimen laboral de 1.795 servidores de CNEL-EP al régimen del Código de Trabajo, lo que afectó las arcas de una empresa pública que satisface parte de la demanda de energía eléctrica del país.

La Corte Constitucional dejó sin efecto todo lo actuado en el proceso. Dispuso a CNEL-EP la inmediata recuperación de la totalidad de los valores entregados a los beneficiaros de la acción de protección, siendo estos últimos los obligados a devolver los mismos. Por otro lado, determinó que la conducta de los exjueces de la Corte Provincial de Los Ríos era constitutiva de la infracción gravísima de error inexcusable, por lo cual dispuso la notificación al Consejo de la Judicatura (CJ) para que inicie el procedimiento para su eventual sanción.

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