La Fiscalía General del Estado dictó 22 años de prisión a Gabriel Guillermo G.F., declarado autor del delito de violación cometido en 2017, contra su sobrina. En ese momento ella tenía cinco años de edad. El caso fue conocido por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género 4 de Pichincha.
Prisión tras valoración de pruebas
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal presentó varios elementos para sustentar la acusación. Entre ellos constó el testimonio anticipado de la víctima, quien identificó a su tío paterno como la persona que la agredió y relató los hechos. También declaró la madre de la niña, quien explicó cómo conoció lo sucedido y las presiones que enfrentó por parte del padre de la menor para que no denunciara el delito.
Según la Fiscalía, el padre no colaboró con la investigación porque el sentenciado es su hermano.
El fiscal incorporó además los testimonios del médico legista y de una especialista en violencia contra las mujeres, niñas y niños, junto con informes de valoración psicológica y trabajo social. Estos documentos identificaron afectaciones emocionales y repercusiones en los ámbitos familiar, educativo y social.
La sentencia incluye una multa y reparación integral
Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal Penal dictó una sentencia condenatoria contra el acusado. Además de los 22 años de privación de libertad, impuso una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y el pago de 5.000 dólares como reparación integral a la víctima.
El caso fue investigado y sentenciado con base en el artículo 171, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), citado por la Fiscalía en su boletín de prensa del 14 de octubre de 2026. Este caso se enmarca en una problemática que también se refleja en los registros de Quito: durante 2024 se contabilizaron 416 delitos sexuales en el Distrito Metropolitano, según información difundida por el Municipio.
Las consecuencias de la violencia sexual pueden extenderse más allá del momento de la agresión. La Organización Mundial de la Salud advierte que las víctimas pueden presentar ansiedad, depresión y estrés postraumático, además de dificultades en su desarrollo, aprendizaje y relaciones sociales. Estos efectos pueden persistir hasta la edad adulta, aunque su alcance varía en cada persona.
Ante situaciones de violencia, los servicios de protección y acompañamiento pueden facilitar el acceso a atención especializada. En Quito existen espacios destinados a mujeres que necesitan protección frente a la violencia, como la casa de acogida donde mujeres que huyeron de situaciones violentas reconstruyen sus vidas, que ofrece un contexto sobre las alternativas de apoyo disponibles.