jue 15 oct 2026
Este jueves 15 de octubre de 2026 vence el plazo para que los candidatos descalificados del concurso para la elección del Fiscal General presenten apelaciones.
Carpetas. Las carpetas que fueron presentadas ante la Comisión para la selección de fiscal general. (Foto: CPCCS)
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El concurso para la elección de Fiscal General de Ecuador acumula reparos por las posibles irregularidades que se habrían registrado en el proceso. Y la mayoría de cuestionamientos se dirige a la fase de impugnaciones cuyos resultados se notificaron el lunes a los 21 candidatos descalificados. El 15 de octubre de 2026 concluye el plazo para la presentación de las apelaciones de los candidatos excluidos del concurso.
La veeduría ciudadana que vigila el concurso cita al menos cuatro. Guido Egas, coordinador de la Veeduría del Concurso para elegir fiscal, menciona que en la etapa de admisibilidad se aceptó a postulantes que no cumplían los requisitos. Agrega que en la etapa de calificaciones y recalificación hubo errores que subieron hasta 4 puntos a postulantes. En la etapa de impugnación, señala que no conocen los parámetros de evaluación porque no notificaron las sesiones donde descalificaron a 21 postulantes.
A eso se suma que los miembros de la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía no convocan a la veeduría y realizan su trabajo a puerta cerrada. Por esas razones, los veedores pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la nulidad del concurso.
Entre los perjudicados por las posibles anomalías se encuentra el fiscal Gustavo Benítez, candidato descalificado entre otros 21 postulantes. Él señala que en la fase anterior no se calificaron todos los méritos que le correspondían (48 puntos), obteniendo 39,5. Tras apelar, solo le reconocieron 1 punto, sumando un total de 40,5. Añade que los comisionados ciudadanos cometieron muchos errores en la fase de impugnación.
Benítez encontró al menos tres errores: deficiencia motivacional por apariencia, ausencia de fundamentos de derecho y ausencia de pruebas anunciadas formalmente en la audiencia de escrutinio.
Menciona la falta de conexión de las actuaciones de la Fiscalía con las jurisdiccionales de los Tribunales, confundiéndolas como si los fiscales emitieran sentencias. Habla de la extralimitación funcional de la Comisión al analizar decisiones jurisdiccionales, valoración de una supuesta sentencia con ausencia de datos singulares, e intento de introducir prueba nueva de una acción de protección que fue excluida.
Otro de los postulantes descalificados del concurso es el doctor Bolívar Espinoza Astudillo, juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga en Cotopaxi. En el proceso de selección se ubicó en el sexto lugar de la fase de evaluación con 42,25 puntos. Espinoza Astudillo habla de falta de gobernabilidad, de imparcialidad y conocimiento técnico a través de la comisión a cargo del concurso de fiscal general.
Lo que esperaba de los comisionados era una actuación imparcial, congruente y compuesta por profesionales con nociones de Derecho y razonamiento probatorio y por ende con conocimiento de la labor de la Fiscalía. Fue uno de los afectados desde la fase de méritos porque afirma que no se valoró en la puntuación la ruralidad de la que proviene para participar en el concurso.
Cita entre otras observaciones la falta de preparación jurídica de la comisión en su contexto, falta de imparcialidad en la admisión y resolución de las impugnaciones, evidenciado en que los comisionados se inclinen en favor de abogados enviados por otros candidatos, y sobre todo que al resolver las impugnaciones lo hayan hecho sin una metodología técnica apropiada.
Por esas razones cree que deberían declarar una nulidad parcial o total del concurso en el que se suma a las voces que apuntan a que en la Comisión se ha allanado el camino para que el fiscal encargado, Leonardo Alarcón, sobresalga en la lista de cinco finalistas con menor puntaje que él. Alarcón obtuvo 46,50 puntos casi con 10 puntos por encima de los dos siguientes postulantes que son Mario Fonseca y Juan Guaño con 37,75 puntos. Siguen en puntaje Andrea Cazar con 37 y Patricio Haro con 34,50 puntos.
La Comisión decidió dejar fuera del concurso a 21 participantes. Entre ellos la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho que obtuvo 48 puntos y Maritza Romero con 47,25. Alarcón estaba en tercer puesto con 46,50, seguido de cerca por el exjuez Walter Macías y Salomón Montecé con 46 puntos. Todos descalificados.
En su cuenta de X el exjuez Macías citó las presuntas incongruencias que encontró en la notificación de la impugnación.
Dijo que hay:
"Por cierto, revierten las cargas de la prueba y se pasan por cualquier parte, la máxima de derecho que indica “la parte proponente es la obligada a probar los hechos que alega”, añadió.
La jueza Camacho, en una entrevista radial, señaló que la resolución sobre las impugnaciones utiliza notificaciones y formatos casi idénticos para todos los postulantes en las que no se encuentra mayor debate ni análisis individualizado. Los informes tendrían alrededor de 35 páginas y de ellas en al menos 30 existe información común, como antecedentes, considerandos y referencias a las personas impugnadas.
Sobre el impugnante, en el análisis de argumentos, solo se dedicarían dos párrafos y la exposición de los impugnantes se resume en tres líneas y media. La motivación para cada caso recién inicia desde la página 32 y ocupa apenas dos páginas antes de las firmas, lo que genera cuestionamientos sobre la profundidad del análisis individual le dijo la jueza Daniella Camacho al periodista Édgar Vásquez.
