Las Malvinas vuelven al centro de la disputa entre Argentina y Reino Unido por los proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur. El conflicto territorial, que se remonta a 1833, continúa sin una solución diplomática, pese a los llamados de Naciones Unidas a negociar.
El origen de la controversia se sitúa el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon el archipiélago y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban allí. Desde entonces, Argentina ha mantenido su reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, según los antecedentes históricos publicados por la Cancillería argentina. El Reino Unido mantiene la administración del territorio desde 1833, con una interrupción durante la guerra de 1982. Para el Gobierno británico, las Malvinas son un territorio británico de ultramar y su población tiene derecho a decidir sobre su futuro político y económico.
El desacuerdo no se limita a la posesión de un territorio insular, sino que involucra derechos sobre áreas marítimas y sus recursos naturales. En 1946, las Malvinas ingresaron en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, bajo administración del Reino Unido.
La guerra de 1982 y el reclamo ante Naciones Unidas
El enfrentamiento militar ocurrió durante la última dictadura argentina. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las islas y tomaron el control del territorio. El Reino Unido respondió con el envío de una fuerza militar para recuperar el archipiélago. La guerra duró 74 días y terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. El enfrentamiento dejó centenares de militares argentinos y británicos fallecidos y marcó uno de los episodios más importantes de la historia contemporánea de ambos países.
En noviembre de ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 37/9, que solicitó a los dos gobiernos reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica. El antecedente diplomático más importante había ocurrido el 16 de diciembre de 1965, cuando Naciones Unidas aprobó la resolución 2065 (XX). El documento reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e invitó a ambos países a negociar, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 1976, la Asamblea General aprobó la resolución 31/49, que instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introdujeran modificaciones en la situación mientras continuara el proceso de negociación.
El petróleo abre un nuevo capítulo en el conflicto de las Malvinas
La disputa volvió a cobrar relevancia por los proyectos de explotación de hidrocarburos autorizados por las autoridades británicas en la Cuenca Norte de las Malvinas. Uno de ellos es Sea Lion, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros al norte del archipiélago. El proyecto contempla la participación de las empresas Navitas, de Israel, con el 65% de participación, y Rockhopper, del Reino Unido, con el 35%. La decisión definitiva de inversión fue aprobada en 2025 y las perforaciones están previstas para marzo de 2027.
Según los argumentos presentados por la delegación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), el desarrollo contempla hasta 26 pozos y una producción superior a los 300 millones de barriles durante un período estimado de 30 años.
Argentina considera que estas actividades son unilaterales e ilegales porque se desarrollarían en espacios marítimos cuya soberanía permanece en disputa. También sostiene que las autorizaciones británicas contradicen las resoluciones de Naciones Unidas y afectan sus derechos sobre los recursos naturales. El Reino Unido sostiene una posición contraria: considera que las actividades hidrocarburíferas son comerciales y legítimas, porque están reguladas por la legislación de las islas. También defiende el derecho de sus habitantes a desarrollar sus recursos naturales para beneficio económico del territorio.
¿Qué pide Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar?
En octubre de 2026, Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el TIDM, con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo es impedir que comiencen o continúen las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas según la Cancillería argentina. Durante las audiencias orales del 10 y 11 de noviembre, las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos. Argentina solicitó que el tribunal impida la explotación, limite el uso de la información obtenida durante las exploraciones y exija al Reino Unido abstenerse de adoptar nuevas medidas que agraven la controversia.
La delegación británica cuestionó la competencia del tribunal para intervenir en un asunto que considera relacionado con la soberanía territorial. También argumentó que las perforaciones no comenzarían hasta marzo de 2027 y que, por tanto, no existe la urgencia planteada por Argentina. El presidente del TIDM, Maurice K. Kamga, fijó para el 28 de noviembre de 2026 la lectura de la decisión sobre las medidas provisionales solicitadas.