mar 13 oct 2026
El fenómeno de El Niño 2026 intensifica su impacto en Ecuador, con proyecciones de pérdidas económicas millonarias y consecuencias sociales significativas.
Columnista
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Hoy 13 de octubre de 2026, mientras el mundo observa con creciente inquietud las aguas del Pacífico ecuatorial, el fenómeno de El Niño se consolida como uno de los eventos climáticos más intensos de la historia moderna.
Debemos estar muy claros y convencidos que no se trata de una simple anomalía temporal: las temperaturas de la superficie del mar frente a las costas de Ecuador se han incrementado hasta 4.7 °C por encima del promedio habitual: la temperatura absoluta de las aguas costeras oscila entre los 26 °C y 28,7 °C. Esta situación rompe récords previos y apunta a un episodio “muy fuerte” o incluso histórico durante el resto de 2026 y principios de 2027.
Por tanto, estamos ante una amenaza directa al corazón productivo de Ecuador y a la estabilidad económica y social de nuestro país. El país enfrenta un escenario de pérdidas económicas, sociales y ambientales que podrían condicionar su crecimiento durante varios años. Ignorar esta realidad sería un error costoso.
Según el Banco Central del Ecuador, un evento fuerte podría restar entre 0,5 y 1,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2027, lo que equivale a unos 1.825 millones de dólares en el escenario más severo. Otras estimaciones son aún más alarmantes. Analistas de la ESPOL proyectan pérdidas entre 9 % y 20 % del PIB (entre 9.600 y 24.000 millones de dólares), con tiempos de recuperación de dos a más de cinco años.
El precedente de 1997-1998, cuando las pérdidas alcanzaron el 15 % del PIB de entonces, no es solo historia: es una advertencia clara. Como referencia reciente, el impacto de la pandemia del COVID19 determinó un decrecimiento del PIB de ese año de 9.2% y todos conocemos los impactos económicos y sociales que esta situación tuvo y las dificultades que tuvimos para retornar a la senda de crecimiento.
Los sectores actualmente más expuestos son la agricultura y la pesca, pilares de las exportaciones no petroleras y de la actividad económica del Ecuador (entre las dos representan alrededor de USD 23.000 millones, 61.6% de las exportaciones totales del país y 17.6% del PIB de 2025). En cacao, se estima una merma de hasta 100.000 toneladas por inundaciones en Guayas, Los Ríos y Manabí, justamente en plena cosecha principal. El banano, el arroz y el maíz también enfrentan riesgos elevados en más de 3,1 millones de hectáreas vulnerables. En la pesca, las capturas de atún ya cayeron más del 30 % en el primer semestre, con proyecciones de un déficit de 90.000 toneladas en 2026 y precios al alza que tensionan la industria de conservas. Aunque el camarón muestra cierta resiliencia, las lluvias intensas elevan riesgos sanitarios.
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo la categoría macro de "Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca" sigue siendo la rama de actividad económica que absorbe la mayor cantidad de mano de obra en el país, concentrando cerca del 25% al 28% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto se traduce en más de 2 millones de personas que trabajan directa o indirectamente en el campo y el mar, a lo que se suma una porción importante de empleo en las zonas rurales que se encuentra bajo condiciones de informalidad.
Estos impactos no se limitan al campo y al mar. La infraestructura vial, especialmente en Manabí, corre peligro de colapso parcial. El sector energético enfrenta la doble presión de posibles estiajes e inundaciones, con el fantasma de nuevos cortes de luz. Todo ello se traduce en menor inversión, caída del consumo, mayor inflación de alimentos (hasta 1,34 puntos adicionales en un escenario fuerte) y un golpe a la balanza comercial.
La afectación en los servicios públicos de educación y salud también son efectos importantes a destacar: por su impacto en el proceso educativo en los sectores afectados por inundaciones (mayor retraso y brecha educativa con las consecuencias sobre menores oportunidades y una mayor desigualdad en el país, especialmente en zonas ya actualmente expuestas a situaciones de pobreza e inseguridad) y por la presencia masiva de enfermedades como dengue, malaria y cólera (impacto en la calidad de vida de la población, especialmente en la más vulnerable).
Frente a esto, la respuesta no puede ser la negación o la improvisación. O no reconocer la diversidad y complejidad de los efectos asociados a esta “primera pandemia climática”. Gobiernos, empresas y ciudadanos debemos actuar con anticipación. Es imperativo reforzar un entendimiento integral de la problemática que está enfrentando el país. Y hacer un llamado a la acción colectiva basada en el diálogo y en la coordinación nacional y local de todos los actores involucrados.
Sistemas de alerta temprana, de protección y asistencia social oportuna y suficiente para la población afectada, cuidado y habilitación de infraestructura logística crítica, apoyo a los productores y exportadores con acceso a financiamiento, incluyendo una reprogramación de sus obligaciones financieras que permitan cuidar la producción, la exportación y sobre todo el empleo. Garantizar el acceso al agua en zonas vulnerables. Y asegurar que los servicios de educación y salud se provean en condiciones adecuadas, a pesar de la situación climática en determinadas zonas del Ecuador.
La prevención no es un gasto: es la inversión más inteligente que podemos hacer. Cada dólar destinado a la adaptación climática hoy evita pérdidas humanas y económicas mucho mayores mañana.
