lun 19 oct 2026
La audiencia en el Caso Ornato Municipal está instalada de forma indefinida. Uno de los procesados es el alcalde de Pujilí. Fue denunciado por el subrogante.
Diligencia. Los representantes de la Fisalía en la audiencia instalada en la Corte de Pichincha este lunes 19 de octubre de 2026. (Foto: Fiscalía)
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El juicio por el Caso Ornato Municipal continuó este lunes 19 de octubre de 2026 en la Corte de Pichincha. Son 17 los sospechosos del presunto delito de peculado llamados a juicio, entre los que se encuentra el alcalde de Pujilí, José Arroyo.
La audiencia inició el viernes 16 de octubre de 2026 en la Corte Provincial de Pichincha. La Fiscalía investigó posibles anomalías en la ejecución de proyectos y contratos ornamentales en dicho Municipio. En su alegato inicial, la Fiscalía ofreció probar la responsabilidad de los procesados en el delito imputado.
El viernes 16 de octubre de 2026, la Fiscalía inició la presentación de su prueba testimonial. De alrededor de 39 testigos anunciados por ese organismo, hasta este lunes —el cuarto día de audiencia—, ya rindieron testimonio 13 personas, incluyendo denunciantes, un agente investigador, funcionarios públicos y peritos.
Este lunes, 19 de octubre de 2026, el tribunal escuchó a un perito agrónomo quien declaró sobre el conteo físico en el lugar de las plantas adquiridas por el Municipio de Pujilí en dos contratos. La pericia determinó una diferencia superior a 70.000 dólares entre ambos acuerdos.
Sobre el testigo Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Tribunal, tras revisar audios y aclarar una confusión, concluyó que no existía contradicción en su testimonio y ordenó su liberación. Se encontraba con resguardo policial en el Complejo Judicial Norte.
La audiencia se encuentra instalada de manera indefinida. En el transcurso de los días la defensa de los procesados irá evacuando su prueba de acuerdo con su estrategia.
Carlos Alvear, defensor particular del denunciante y alcalde subrogante de Pujilí, Raúl Arroyo, señaló que la Fiscalía recabó documentación sobre procesos de contratación pública. Cotejada con pericias, muestra que desde 2023 hasta 2024, el Municipio habría evadido las normas de contratación pública.
El abogado afirmó que diversos funcionarios, con presunto conocimiento del alcalde Arroyo, habrían simulado procesos para dirigirlos a personas determinadas, en relación con la adquisición de bienes o servicios que nunca fueron entregados por los adjudicados.
Manifestó también que existirían movimientos de recursos que los investigados no han podido justificar, evidenciando un beneficio impropio para determinados procesados.
El abogado expresó que la justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente para que las autoridades electas no puedan desviar tan groseramente los recursos públicos destinados al beneficio ciudadano.
Finalmente, consideró que también es una oportunidad para la Asamblea Nacional, para que haga reformas que permitan remover o destituir a alcaldes que, sin trabajar por estar privados de libertad, continúan percibiendo sueldos y beneficios.
