mar 13 oct 2026
Diez policías enfrentan prisión preventiva por presuntamente exigir $12.000 a los ocupantes de una piladora de arroz.
Policías uniformados con el vestuario táctico de la Policía Nacional del Ecuador.
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Diario HOY
La Fiscalía General del Estado procesó el 13 de octubre a diez policías en servicio activo por su presunta participación en un caso de concusión durante una intervención en una piladora de arroz de la vía Las Palmas-Samborondón, en Guayas. Los uniformados habrían exigido dinero a los propietarios para no detener a los ocupantes.
La madrugada del 9 de octubre de 2026, más de 10 personas llegaron al predio en tres vehículos, vestidas con uniformes y prendas negras similares a las de la Policía Nacional. Según la denuncia, los involucrados afirmaron que buscaban armas y dinero por presuntas denuncias y procedieron a revisar las habitaciones.
Durante la intervención, los presuntos sospechosos sustrajeron una cadena, un anillo de oro y 500 dólares en efectivo, pertenecientes al padre de la denunciante. Después, uno de los involucrados, identificado como 'el abogado', habría exigido dinero a cambio de no detener a los ocupantes.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima entregó 12.000 dólares bajo amenazas de detención. El sospechoso habría obligado al propietario a abrir una caja fuerte que aseguran contenía 130.000 dólares.
Antes de retirarse, los involucrados habrían obligado a los ocupantes a grabar un video en el que afirmaran que todo estaba en orden y que no faltaba ningún objeto. Posteriormente, la perjudicada reportó lo ocurrido al ECU 911.
Tras la denuncia, unidades investigativas de la Policía Nacional revisaron los registros audiovisuales proporcionados por la denunciante para identificar a los presuntos participantes. Los agentes fueron ubicados en los patios del Cuartel Modelo, en Guayaquil, durante la formación del personal al finalizar su turno.
La denunciante reconoció a varios servidores policiales, quienes fueron aprehendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes. Entre los indicios incorporados a la investigación constan:
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal presentó informes investigativos, partes de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, la denuncia y reportes del ECU 911. Según la Fiscalía, estos últimos no registraban un operativo policial en la zona.
El juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los 10 agentes procesados. Nueve pertenecen a la Dirección General de Inteligencia Z-5 y uno a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (DINASED), Zona 5.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, periodo en el que continuarán las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
La concusión está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona a los servidores públicos que, abusando de su cargo o funciones, exijan o reciban beneficios económicos indebidos, con una pena privativa de libertad de tres a cinco años en su tipo básico y de cinco a siete años en los supuestos agravados previstos por la ley.
