El Gobierno de Francia ofrecerá préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros, equivalentes a unos 56.200 dólares, a negocios afectados por los saqueos y actos vandálicos del último fin de semana. También se contempla aplazamientos de impuestos y cotizaciones sociales, mientras el Ejecutivo busca atender las pérdidas de comercios en medio de las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida.
Francia amplía las ayudas a los comercios afectados
El ministro de Economía francés, Roland Lescure, anunció el 20 de octubre de 2026 que los préstamos estarán disponibles desde el viernes 23 de octubre a través del banco público Bpifrance. Las empresas podrán solicitar el financiamiento con una declaración de siniestro presentada ante su aseguradora, según explicó el funcionario después de una reunión con representantes empresariales.
La iniciativa se suma a las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo, entre ellas los dispositivos de desempleo parcial financiados por el Estado, la creación de un fondo de ayuda empresarial y la movilización de las aseguradoras. El Gobierno también había anunciado toques de queda parciales y ayudas para los 3.000 comercios afectados.
Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció un mecanismo simplificado para aplazar las deudas tributarias. Las empresas afectadas también podrán postergar hasta 12 meses el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a los próximos tres meses. Las pequeñas compañías con menos de 50 empleados que hayan sufrido daños importantes podrán acceder a una ayuda adicional.
Manifestaciones en Francia y la propuesta de ley «quien rompe, paga»
Los saqueos se produjeron al margen de las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Los incidentes afectaron a ciudades como París, Marsella y Lyon, además de otras localidades como Lille y Limoges.
El balance preliminar citado por las autoridades señala que cerca de 2.500 personas fueron arrestadas, el 70% de ellas mayores de edad y el 95% hombres. De ese grupo, 123 personas pasaron a prisión provisional.
En este contexto, Amiel defendió que los responsables de los saqueos asuman las consecuencias económicas de sus actos. Para ello, aludió al proyecto de ley 'quien rompe, paga', que plantea descontar de las ayudas públicas que recibe un infractor los ingresos ilícitos obtenidos mediante actividades como el tráfico clandestino, los hurtos o la recepción de bienes robados.
Francia afronta una crisis política y social
Las nuevas ayudas se anuncian en medio de una escalada de movilizaciones que ha puesto bajo presión al Gobierno francés. Las protestas combinan reclamos por el costo de vida y los servicios públicos con episodios de violencia que han afectado a comercios, edificios y fuerzas del orden. La respuesta económica del Ejecutivo busca aliviar las pérdidas de los negocios afectados mientras continúan las repercusiones de los disturbios.